[OT] Derechos de Autor: más alla de las limitaciones culturales...
Buen dia a todos, recien me crucé con este interesante articulo
publicado en el diario Le monde.
Saludos.
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Patentes sobre los derechos de autor
DIPLOMACIA COMERCIAL A PUERTAS CERRADAS
El fortalecimiento de marcas y patentes, en detrimento de las
libertades individuales y de las necesidades sanitarias de los países
pobres, refleja la tradicional lucha entre los países del Norte y del
Sur. Tras tres años de negociaciones secretas, el ACTA, un proyecto de
tratado anti-falsificación pretende consagrar un régimen comercial
tiránico.
por Florent Latrive
Periodista.
Traducción: Carlos Alberto Zito
Un negociador europeo que aceptó responder a las preguntas de Le Monde
diplomatique sólo a condición de mantener su identidad en reserva; un
lobbista estadounidense que se negó a darnos el borrador de un texto
que se encuentra en discusión por haber firmado un acuerdo de
no-divulgación; el rechazo de la Comisión Europea a nuestros pedidos
oficiales, pues “eso pondría en peligro las relaciones económicas
internacionales de la Unión Europea”: son todas muestras del secreto
que rodea al muy reciente tratado internacional a favor de las
multinacionales farmacéuticas y de las industrias culturales.
El Acuerdo Comercial anti-falsificación –más conocido por su nombre
inglés: Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)–, está siendo
negociado desde hace más de tres años al margen de cualquier instancia
multilateral oficial (1). Este instrumento jurídico se refiere a la
libertad de expresión, la salud, la vigilancia de Internet y la
organización del comercio mundial.
Oficialmente, apunta a reforzar la lucha contra los productos
falsificados. Esto implica el refuerzo de los controles fronterizos o
el endurecimiento de las sanciones, a riesgo de hacer “difícil el
tránsito internacional de medicamentos genéricos económicos hacia los
países en desarrollo”, según afirma Alexandra Heumber, de Médicos Sin
Fronteras (MSF). O de transformar a los intermediarios técnicos de
Internet –proveedores de conexión y otros– en centinelas del derecho
de autor con capacidad para cerrar la conexión de los usuarios o
filtrar los sitios por fuera de cualquier control judicial. “Las
reglas del ACTA y, más generalmente, de la propiedad intelectual,
tienen un enorme impacto sobre nuestra vida cotidiana. Cultura,
educación, salud y comunicación: son pocos los ámbitos que quedarán
excluidos de las nuevas reglas”, afirma el universitario canadiense
Michael Geist, que presenta un resumen en su blog (2).
Quienes se oponen a ese tratado –documento complejo y secreto pero
asimismo esencial– intentan darlo a conocer antes de que sea
ratificado por los países que lo negocian y luego imponerlo a los
Parlamentos nacionales en nombre de los compromisos adquiridos. “Lo
que los impulsa al secreto es la intención de evitar la opinión
pública”, señala Jérémie Zimmerman, portavoz del grupo La Quadrature
du Net. Para Alexandra Heumber resulta “inaceptable que muchos países
no participen de la negociación y que la sociedad civil, que podría
verse afectada, no sea consultada”. Pero hay algo aun más preocupante:
algunos borradores del texto fueron entregados a organizaciones que
representan al cine y a la industria musical, o a las multinacionales
farmacéuticas, todos ellos militantes a favor de un endurecimiento del
copyright y de las patentes.
“Yo tuve acceso a ciertos documentos del texto del ACTA”, confirmó el
abogado Steven Metalitz, que sigue el asunto para la International
Intellectual Property Alliance (IIPA), un lobby que representa en
Washington a los grandes del entretenimiento: Motion Picture
Association of America (MPAA), por la industria del cine; Business
Software Alliance (BSA), por los programas informáticos; Recording
Industry Association of America (RIAA), por la música. Ese jurista,
como todos los que están bajo confidencialidad, firmó un acuerdo muy
estricto de no-divulgación. Por su parte, un negociador europeo que,
por supuesto, solicitó el anonimato antes de hablar, se justificó: “No
tenemos nada que ocultar, es la práctica habitual en las negociaciones
comerciales internacionales. Nos reunimos regularmente con
organizaciones no gubernamentales (ONG) representantes de la
industria, algunos de los cuales se muestran preocupados, como las
telecoms. No es exactamente un secreto.” Varios diputados europeos
pidieron consultar esos documentos, infructuosamente. “Las
negociaciones son confidenciales. Algunos actores de la sociedad civil
y de los lobbies se mantienen en el anonimato, ¿pero con qué criterios
fueron elegidos? Es peligroso para la democracia”, protesta la
representante de Europe-Ecologie Sandrine Bélier.
La condena del Sur
Técnico en sus contenidos y poco preciso en sus límites, el ACTA, sin
embargo, encarna un proyecto político de gran claridad. El acuerdo
anti-falsificación es el último avatar de la evolución del derecho
internacional a favor de una mayor protección de la propiedad
intelectual y en detrimento de los grandes equilibrios históricos del
derecho de autor y de las patentes, cuyo principio, recordemos,
consiste en favorecer a los inventores y a los artistas, luchar contra
el secreto industrial y asegurar la protección de los consumidores.
Más allá de los discursos, el endurecimiento de esas reglas ratifica
una división internacional del trabajo que condena a los países del
Sur a la agricultura y a la industria, mientras que los del Norte
conservan el control sobre la creatividad y el valor agregado:
accesorios de moda diseñados en París y producidos en Túnez;
computadoras concebidas en Silicon Valley y fabricadas en Asia. Y todo
ello con estrictos controles fronterizos y en Internet, para impedir
que los productos “falsos” inunden los mercados; a pesar de que esas
medidas drásticas puedan bloquear las copias legítimas, los
medicamentos genéricos, o la posibilidad de intercambiar obras entre
internautas de manera privada.
Para uno de los negociadores europeos del ACTA, “es evidente que
Europa no puede competir con los precios de otros países, pero tiene
la creatividad, la calidad, la cultura y la innovación”. Ahora bien,
no hay nada más fácil que copiar infinidad de veces una película en
DVD, reproducir un modelo de zapato o fabricar una copia idéntica de
un medicamento creado en un laboratorio de un país desarrollado.
“Todas esas cosas están protegidas por la propiedad intelectual y son
fácilmente aprovechadas o robadas. La propiedad intelectual es un
elemento de la competividad europea y debe ser protegida en los países
del tercer mundo”, añadió el negociador.
Esa lógica impregna la Estrategia de Lisboa –adoptada por la Unión
Europea en 2000– y también las iniciativas estadounidenses. Para James
Love, director de la ONG estadounidense Knowledge Ecology
International (KEI), “se trata de un imperialismo imperdonable. Los
responsables políticos niegan la importancia del acceso al
conocimiento y de la libertad de utilizarlo para el desarrollo,
incluso en los países ricos”. Y olvidan de paso que la mayoría de los
países hoy en día desarrollados aplicaron durante mucho tiempo
políticas no restrictivas respecto de las patentes y los derechos de
autor con el objetivo de apoyar su propio desarrollo; el cual se
inspiraba, por cierto, en los conocimientos y la cultura de otros…
(3). Tal es el caso de Suiza, que copió la química alemana en el siglo
XIX, para luego volverse una encarnizada defensora de sus propias
patentes. O como Estados Unidos, que no reconoció el copyright sobre
las obras inglesas, mayoritarias antes de 1891, ofreciendo así a los
editores locales ganancias fáciles gracias a la copia libre.
Esta estrategia, organizada en la década de 1980, fue adoptada
progresivamente por todos los países desarrollados, convencidos de que
lo inmaterial –el saber, el conocimiento, la cultura– constituiría la
nueva frontera de la propiedad y el capitalismo. El derecho de autor
(y el copyright) fue creciendo en detrimento del dominio público. Las
patentes, destinadas a conceder al inventor un monopolio temporario
sobre técnicas fundamentalmente industriales para recompensar la
innovación, comenzaron a ser otorgadas de manera cada vez más generosa
a descubrimientos triviales, a programas informáticos o a mecanismos
biológicos. Una vez que la propiedad intelectual se arraigó en esos
países desarrollados, estos practicaron la exportación legislativa,
fundamentalmente a través del Acuerdo de Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), negociado en 1994 en
el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Resultado: los
medicamentos genéricos, que en los países del Sur permiten reducir
notablemente el precio de los tratamientos anti-HIV, quedaron
bloqueados por las patentes. Un país como India, que había basado su
industria química y farmacéutica en la reproducción de substancias
creadas en el exterior, se vio así ante un cambio total de modelo.
Tratado secreto sobre los inmaterial
Con el ACTA se trata de elevar aun más esos “standards” –según la
expresión del negociador de la Unión Europea–, para reforzar la
“competitividad” de los países del Norte. Pero, en opinión de los
opositores, las barreras que introducen son demasiado estrictas, y el
acuerdo en negociación no hará más que aumentar los desequilibrios.
Así, MSF se inquieta por el poder de control fronterizo que sería
concedido a través del ACTA. En 2008 varios barcos provenientes de
India con destino a países pobres fueron bloqueados en las aduanas.
Esas naves transportaban medicamentos genéricos, copias totalmente
legales en su país de origen y en el de destino, pero no en Europa,
por donde transitaban los barcos, y donde las normas de patentes son
más estrictas. Resultado: varias semanas de retraso y protestas
oficiales de Nueva Delhi. El mismo problema se registró durante la
carga de 49 kilos de moléculas anti-HIV genéricas, destinadas a
Nigeria y financiadas por la Unitaid –agencia de las Naciones Unidas
(ONU) que administra las tasas sobre los pasajes de avión– bloqueadas
en el aeropuerto de Schipol (Holanda) en febrero de 2009. “Existe el
riesgo de caer en situaciones similares, en las que el tránsito de
medicamentos genéricos en el mundo podría verse frenado si existe la
sospecha de falsificación de patentes”, señaló Alexandra Heumber.
En lo que respecta a Internet, las inquietudes conciernen a la
responsabilidad de los proveedores de conexión y de los intermediarios
técnicos. También en ese tema Estados Unidos intenta obtener un
endurecimiento de las reglas en vigor. La receta: hacer responsables a
los proveedores de conexión de las infracciones cometidas por sus
abonados. Así se los incitaría a filtrar, cortar y bloquear, sin pasar
por la autoridad judicial, aunque ello implique no preocuparse
demasiado en confirmar si la “piratería” que de esa forma se
combatiría es realmente tal. Se trata de una antigua exigencia de las
industrias culturales de todo el mundo, que Francia había tratado de
satisfacer con la Ley Hadopi; norma que, según los debates de 2009 en
el Parlamento europeo, podría atentar contra el ejercicio de las
libertades fundamentales de los ciudadanos (4).
La excesiva focalización en el refuerzo de los derechos de propiedad
sobre lo inmaterial y el aumento del monto de los daños e intereses
previstos en el marco del ACTA podrían llegar a frenar la propia
innovación. Para James Love, el otorgamiento de patentes se hace con
tanta generosidad que, actualmente, “nadie puede concebir un programa
informático complejo, un teléfono celular, un aparato médico o un
nuevo modelo de auto, sin violar alguna patente”. Tornar esas
infracciones más costosas podría “congelar la innovación”. Lo
contrario de lo que se pretende.
Los Estados implicados en esas negociaciones secretas rechazan, por
supuesto, cualquier idea de violación de la opinión pública. “El ACTA
no es una excepción del proceso democrático; el objetivo no es engañar
al Parlamento europeo ni a los parlamentos nacionales”, se defiende el
negociador europeo, que considera “extravagante creer que se pueden
lograr esas cosas trabajando a escondidas”. Sin embargo, no es la
primera vez que esos mismos gobiernos eluden a la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), la institución internacional
teóricamente encargada de ese tipo de asuntos. A fines de la década de
1990 se prefirió el marco del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT, antecesor de la OMC) para lanzar las
negociaciones sobre los derechos de propiedad intelectual. En ese
momento, los países desarrollados habían logrado la firma de los
países del Sur a cambio de una promesa de apertura de mercados
agrícolas, un “trueque” que la OMPI no permitía.
Desde hace algunos años esas maniobras se han vuelto insuficientes.
Varias tentativas de “endurecer” la propiedad intelectual fracasaron
en la OMPI y también en la OMC. Bajo la presión de los países del Sur
y de algunas ONG, la OMPI acepta actualmente, de manera oficial,
discutir otras formas de apoyo a la innovación, y estudia un tratado
sobre las excepciones y limitaciones al derecho de autor. Brasil,
India y Argentina, e incluso China son reacios a endurecer textos que
consideran hechos a medida para los países del Norte. “La simple
inclusión en la agenda de la OMC de una discusión sobre la propiedad
intelectual fue bloqueada por algunos de nuestros interlocutores”,
reconoció el negociador europeo.
Como todas las vías estaban cerradas, sólo quedaba la de un tratado ad
hoc negociado secretamente entre unas decenas de Estados (diez más la
Unión Europea). La estrategia es de una eficacia aterradora: una vez
negociado el ACTA entre unos pocos y muy discretamente, “alcanza” con
trasladarlo al derecho nacional de cada signatario. A continuación,
con el hecho ya consumado, se impone la firma a los países en
desarrollo a través de acuerdos bilaterales, prometiéndoles
concesiones sobre otros capítulos. Un tratado de 1996 sobre el derecho
de autor e Internet (5) negociado en el marco de la OMPI, sirve de
ejemplo: transcripto en el derecho europeo en 2001, fue presentado al
Parlamento francés en 2006. Los diputados habían protestado entonces,
pero sin ningún margen de maniobra, ya que el gobierno argumentaba
sistemáticamente que los compromisos internacionales de Francia debían
ser respetados. Un sistema imparable. Salvo si se discutieran ese tipo
de acuerdos abiertamente, y cuando aún se está a tiempo. En el caso
del ACTA, es ahora.
1 Los participantes serían Australia, Canadá, Estados Unidos, la Unión
Europea, Japón, Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y
Suiza. El texto, que podría ser adoptado antes de fines de 2010, fue
discutido en México en enero, y debería ser nuevamente debatido en
abril de este año en Nueva Zelanda.
2 Con otros documentos sobre este proyecto, “fugados”, comentarios:
www.michaelgeist.ca
3 Commission on Intellectual Property Rights, Integrating intellectual
property rights and development policy, Londres, septiembre de 2002.
4 Sobre ese tema véase: “Internet, révolution culturelle”, Manière de
voir, N° 109, Le Monde diplomatique, París, enero-febrero de 2010.
5 Se trata del “doble tratado” WIPO Copyright Treaty (WCT) y el
Tratado sobre las Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT, por
su sigla en inglés).
Alejandro
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